¿Qué pasará con las pensiones en septiembre?
La grave crisis provocada por el COVID-19, que amenaza con duplicar el déficit estructural de la Seguridad Social hasta situarlo en cerca de 40.000 millones de euros en 2020, está obligando al Gobierno y a los partidos políticos a acelerar la reforma del sistema de pensiones.
Sobre la mesa, algunos asuntos espinosos, como las medidas para atajar el creciente déficit del sistema, la mayor penalización de la jubilación anticipada (supone el 16% sobre el total), el alargamiento del periodo de cómputo para hallar la base reguladora, el posible adelanto del aumento de la edad de jubilación (con la ley actual, el retiro a los 67 se implantará en 2027) o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones.
El pago de las nóminas está garantizado a través de alguna fórmula de préstamos o transferencias del Estado. Ahora bien, aunque la subida de las pensiones conforme al IPC real es un punto en el que todos los partidos están de acuerdo, el quid es cómo hacerla compatible con los imprescindibles ajustes para embridar el déficit de la Seguridad Social y reforzar su sostenibilidad a largo plazo. Una de las medidas que los expertos ven inevitable es aumentar la edad de jubilación, de forma que los 67 años legales se alcancen mucho antes de 2027.
Europa sí impondrá condiciones
"Europa nos va a dejar 140.000 millones, se diga lo que se diga, y cobrar ese dinero tiene como condición, digamos encubierta, el realizar una serie de reformas; y una de las más importantes es la reforma del sistema de jubilación. Porque Europa sabe que nuestro sistema no está equilibrado", la sostenibilidad de las pensiones está comprometida porque el sistema público tiene de forma constante, año tras año, muchos más gastos de lo que ingresa, lo que exige acometer reformas, que significarán que "las nuevas pensiones se van a reducir y se van a cobrar más tarde, y eso implica un gran debate social".